Abogados del ex presidente Donald Trump y sus allegados arguyeron el lunes que las incendiarias declaraciones que dirigieron Trump y otras personas a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 eran una forma de expresión protegida y acorde a sus deberes oficiales.
En respuesta a las demandas civiles presentadas en paralelo a la propia investigación del Congreso sobre los disturbios del 6 de enero, los abogados de Trump aseguraron que el ex mandatario actuaba dentro de sus derechos oficiales y no tenía intención de provocar violencia cuando exhortó a miles de sus simpatizantes a que “marcharan hacia el Capitolio” y “lucharan como demonios» para interrumpir la certificación por parte del Senado de los resultados de las elecciones de 2020.
“Nunca ha habido un ejemplo de alguien que haya tenido éxito en demandar a un presidente por algo que ocurrió durante su gobierno”, dijo el abogado de Trump, Jesse Binnall. “La inmunidad absoluta de la presidencia es muy importante”.
La audiencia de cinco horas en Washington ante el juez federal Amit Mehta giró en torno a los intentos de Trump por lograr que las demandas civiles sean desestimadas. El representante demócrata Eric Swalwell interpuso una de las denuncias contra el ex mandatario y varias personas más, incluyendo a Donald Trump Jr., el abogado de Trump Rudy Giuliani, el representante republicano Mo Brooks y el grupo derechista Oath Keepers, a los que atribuye responsabilidad por el violento asalto al Capitolio de parte de los simpatizantes de Trump.
Las otras demandas, presentadas por representantes demócratas y dos agentes de la policía del Capitolio, aseguran que las declaraciones de Trump y Brooks antes y durante el 6 de enero cumplen en esencia con las características de una campaña política, y por lo tanto pueden estar sujetas a litigio. Los demandantes exigen una indemnización por lesiones físicas y emocionales que sufrieron durante la insurrección.
“De lo que habló fue de un tema de campaña, intentando asegurar una elección”, dijo Joseph Sellers, uno de los abogados que lleva la demanda de Swalwell. “Este fue un acto meramente privado”.
Sellers señaló que las declaraciones de Trump fueron un llamado abierto e inequívoco a la violencia política.
“Es difícil concebir un escenario distinto al del presidente mismo dirigiéndose hasta el Capitolio y abriéndose paso rompiendo las puertas… pero desde luego que hizo eso a través de terceros, a través de la multitud”, comentó.
Binnall argumentó que los llamados de Trump a descarrilar el proceso de certificación en el Senado van en línea con el derecho de cualquier ocupante del poder ejecutivo a comentar o criticar a otra rama del gobierno.
“Un presidente siempre tiene la autoridad para hablar sobre si cualquiera de las otras ramas del gobierno puede o debe tomar acciones, o no”, declaró, recordando los casos en los que el expresidente Barack Obama comentaba públicamente sobre las decisiones de la Corte Suprema.
Binall arguyó que Trump ya fue enjuiciado sobre lo sucedido el 6 de enero, su segundo juicio político, del que fue absuelto por la mayoría republicana en el Senado en ese entonces.
“Ese era su remedio y fracasaron”, declaró. “No hay una segunda oportunidad aquí».
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