Si el ex asesor político de Trump, Roger Stone, condenado por un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, cinco cargos de declaraciones falsas y un cargo de manipulación de testigos en un tribunal federal, esperaba que en la conferencia judicial programada para esta mañana por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. la jueza Amy Berman Jackson se referiría a un aplazamiento de su sentencia o un anuncio de que su segunda solicitud para un nuevo juicio había sido otorgada, pues estará ahora muy decepcionado.

A pesar de los tuits presidenciales, a pesar de la intervención del Fiscal General William Barr, a pesar de la renuncia de los cuatro fiscales del Departamento de Justicia que originalmente manejaban el caso, la jueza Berman dedicó su llamada a los abogados defensores y a los fiscales de reemplazo recién asignados por Barr para reafirmar el hecho de que esa sentencia procedería según lo planeado el jueves.

“Creo que retrasar esta sentencia no sería prudente en todas las circunstancias”, dijo ella.

Si bien la jueza reconoció el hecho de que el equipo legal de Stone había presentado una segunda moción sellada para un nuevo juicio, les dijo a los participantes en la conferencia telefónica que no abordaría sus méritos en este momento.

No se sabrá si Berman decide cumplir con las recomendaciones de sentencia originales presentadas por los fiscales dimitentes que siguieron la ley tal como está escrita o con las pautas revisadas sustituidas por la insistencia del Fiscal General Barr de evitar que explote la cabeza del presidente hasta la audiencia del jueves, pero cualquiera que sea la penalidad que decida implementar, no entrará en vigencia hasta que ella se pronuncie sobre la apelación para una reposición en el juicio.

Según los informes de prensa, la moción para un nuevo juicio se basa en acusaciones de parcialidad por parte de uno de los miembros del jurado en el juicio, basada en la investigación de los abogados defensores de las actividades en las redes sociales de ese jurado.

Los intentos de describir a los investigadores, fiscales, miembros del jurado y jueces como sesgados e injustos es una página sacada directamente del libro de jugadas de Donald Trump, ya que el “tramposo Cheeto” siempre ha tratado de desviar la atención de sus propias fechorías y órdenes ejecutivas ilegales hacia aquellos que están investigando su comportamiento y determinando la constitucionalidad de sus movimientos.

Este tipo de acusaciones, junto con los intentos del presidente de interferir en el juicio de su amigo y asesor, han sido condenados por profesionales legales de todo el espectro político como minadores de la fe de la nación en el estado de derecho y señalando una espiral descendente en el tipo de el gobierno autoritario de la república bananera en que esta nación había evitado dichosamente convertirse … hasta ahora.