Por mucho que les repitas que nadie quiere quitar las armas, sino regular su uso, verificar los antecedentes de las personas que las manipulan y establecer algo similar a lo que sucede en otras naciones desarrolladas del mundo, los fanáticos de las armas no entienden o no quieren entender. Pero mucho peor que eso es cuando los encargados de hacer cumplir la ley, por omisión o indiferencia, o quizás porque ya están totalmente sumisos al lobby de las armas, no toman acción cuando el más elemental sentido común lo demanda.

Otra impresionante historia de racismo en la era de Trump apareció recientemente en los titulares cuando un informe del San Antonio Express-News reveló que el propietario de una pistola, tan rebosante de odio como sólo estos tipejos pueden estarlo, envió una asombrosa cantidad de cartas racistas y prometedoras de violencia al Fiscal General de Texas Ken Paxton ( R) durante un largo período de año y medio.

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Ralph Pulliam, quien, como era de esperar, es un hombre blanco agraviado, se quejó de los inmigrantes indocumentados y dijo que los asesinaría en masa, amenazas que deberían tomarse al pie de la letra dada la ola de violencia nacionalista blanca que hemos visto perpetrada contra las minorías desde el 2016.

“Abriremos fuego contra estos matones. Será un baño de sangre ”, escribió Pulliam.

Durante el tiempo en que estaba empapelando el escritorio de la Fiscalía con sus comentarios, Pulliam fue visitado por la policía al menos 35 veces, a menudo debido a llamadas al 911 de los lugareños, preocupados por su comportamiento. Aun así, las autoridades no pudieron emprender ninguna acción legal contra él porque el hombre armado con la escopeta técnicamente no había infringido ninguna ley por lo que sabían.

Finalmente, un reportero de Express-News informó a la policía sobre las cartas amenazantes enviadas a la Fiscalía General.

“Dado que nos ha informado de esas amenazas, nuestro centro de fusión y nuestra unidad de salud mental se han comunicado con la oficina de la Fiscalía y están tratando de trabajar en algo para presentar un caso contra Pulliam. Ellos van a investigar eso”, la sargento Michelle Ramos le dijo al periódico en respuesta.

El hecho de que la Fiscalía no haya informado a las autoridades locales sobre las cartas violentas de Pulliam ha provocado una ola de críticas comprensibles. Dada la casi constante ocurrencia de tiroteos masivos en este país, uno esperaría mucha más diligencia de alguien en la posición de Paxton.

Ignorar las amenazas creíbles como las enviadas por Pulliam representa un asombroso incumplimiento del deber que fácilmente podría haber llevado a la pérdida innecesaria de vidas.

El representante demócrata del estado de Texas, Trey Martínez Fischer, acusó al Fiscal General Paxton a en una carta:

“Estos mensajes son claramente amenazas de fuerza mortal contra los habitantes de San Antonio basados ​​únicamente en el color de su piel. Es profundamente alarmante para mí que a pesar del gran volumen y la naturaleza explícita de los mensajes del Sr. Pulliam, la Oficina del Fiscal General haya tardado tanto en cooperar con las fuerzas del orden locales”.

Si bien esta saga, por suerte, no terminó en tragedia, debería servir como un recordatorio de que el Partido Republicano, ya sea por no apoyar leyes de armas sensatas o por simple inacción como en el caso de Paxton, representa el mayor obstáculo que este país enfrenta para detener su espeluznante desfile de violencia armada.

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