El juez de Colorado que supervisa la primera demanda importante para excluir al expresidente Donald Trump de la boleta presidencial de 2024 en el estado emitió el viernes una orden de protección que prohíbe las amenazas e intimidación en el caso, diciendo que la seguridad de los involucrados, incluida ella misma y su personal, era necesaria ya que el litigio innovador avanza.
“Entiendo al 100% las preocupaciones de todos por las partes, los abogados y, francamente, por mí y por mi personal, según lo que hemos visto en otros casos”, dijo la jueza de distrito Sarah B. Wallace al aceptar la orden de protección.
La orden prohíbe a las partes en el caso hacer declaraciones amenazantes o intimidantes. Scott Gessler, exsecretario de Estado de Colorado que representó a Trump en el caso, se opuso. Dijo que una orden de protección era innecesaria porque las amenazas y la intimidación ya están prohibidas por la ley. (Claro, se le olvidó decir que Trump no respeta la ley, se considera a sí mismo por encima de la ley, y que en el país de «a los ricos y poderosos nunca les pasa nada«, pues no tienes siquiera que preocuparse por las consecuencias).
Fue solicitada por abogados del grupo liberal Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que busca descalificar a Trump de las elecciones en virtud de una cláusula rara vez utilizada de la época de la Guerra Civil de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Gessler dijo que la retórica acalorada en este caso proviene en parte de la izquierda.
«Tenemos un debate político sólido aquí», dijo. «Para bien o para mal, este caso se ha convertido en un punto focal».
Se han presentado decenas de demandas en todo el país para descalificar a Trump de las elecciones de 2024 basándose en la cláusula de la 14ª Enmienda que prohíbe postularse para un cargo a cualquiera que haya hecho un juramento a la Constitución y luego “se haya involucrado en una insurrección” contra ella. Sus argumentos giran en torno a la participación de Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 para detener la certificación del Congreso de las elecciones presidenciales de 2020.
El caso en Colorado es el primero presentado por un grupo con importantes recursos legales. Se espera que la cuestión llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, que nunca se ha pronunciado sobre la disposición sobre insurrección de la sección tres de la 14ª Enmienda.
Wallace ha fijado una audiencia para el 30 de octubre para discutir si Trump debe ser destituido según la ley de Colorado que prohíbe que los candidatos que no cumplen con los requisitos para cargos superiores aparezcan en las boletas. Ha dicho que quiere darle a la Corte Suprema de Colorado, y posiblemente a la Corte Suprema de Estados Unidos, tanto tiempo como sea posible para revisar la decisión antes de la fecha límite del 5 de enero para fijar las elecciones primarias presidenciales de 2024.
Está previsto que el 2 de noviembre se escuche en la corte suprema de ese estado un caso paralelo en Minnesota presentado por otro grupo liberal bien financiado.
Está previsto que los abogados de Trump presenten dos mociones para desestimar la demanda más tarde el viernes. Se sostendrá que el litigio es un intento de tomar represalias contra los derechos de libertad de expresión de Trump. Wallace ha fijado una audiencia para el 13 de octubre para debatir esa afirmación.
Sean Grimsley, abogado de los demandantes en el caso, propuso la orden de protección ante el tribunal el viernes. Citó al fiscal federal Jack Smith la semana pasada que solicitó una orden de silencio contra Trump por las amenazas hechas en su procesamiento del expresidente por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
«Al menos una de las partes tiene tendencia a tuitear, o en Truth Social», dijo Grimsley, refiriéndose a la propia red social de Trump donde difunde la mayoría de sus declaraciones, «sobre los testigos y los tribunales».
